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La CDH Puebla reprueba hechos de violencia por probables linchamientos y demanda a las autoridades investigar los hechos para que los responsables reciban sanción conforme a la ley.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) lamenta los hechos de violencia por los cuales el cuerpo de un hombre, que se presume fue linchado, fue hallado sin vida en la comunidad de San Buenaventura Tecaltzingo, en el municipio de San Martín Texmelucan, al respecto se demanda a las autoridades correspondientes una investigación seria y profesional, así como a fortalecer las estrategias y acciones para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas.

Para esta Comisión estatal, el fenómeno de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se presenta en esta entidad federativa, muestra la fragilidad del Estado de Derecho que establece los procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas.

La justicia por propia mano es una expresión de injusticia, pues se sentencia a una persona y se ejecuta una pena al margen de las leyes; en este contexto, todas las formas de violencia son preocupantes y, por tanto, no deben ser aprobadas ni aceptadas, sino deben alertar a los gobiernos para evitar que estos actos violatorios de derechos humanos se repitan, por ello, es prioritario ejecutar acciones eficientes para generar condiciones de convivencia pacífica y ordenada.

Este Organismo autónomo defensor de los derechos humanos reprueba la falta de respeto a la ley de quienes recurren a vías injustas para aplicar la justicia, ni aún en los casos en que las sociedades se gobiernen por usos y costumbres, porque toda conducta tiene como límite los principios de la Constitución General de la República, el respeto a los derechos humanos y a la vida, la dignidad e integridad de las personas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) hace un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad pública a que adopten las medidas necesarias para detectar y atender los casos en que exista riesgo de que las personas ejerzan justicia por propia mano. Es preciso aplicar protocolos de actuación y estrategias para la atención de esos casos con el fin de evitar la pérdida de vidas.

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