Page 83 - Garantía de autonomía y protección de los Drechos Humanos

Los principios más generalizados de la
institución del “ombudsperson”

el Rey y el Riksdag. En esa primera etapa la característica más destacada
del Justitie-Kansler fue, la de que su labor de inspección pudiera conducir
no sólo a una información rigurosa al Rey, sino también, a una persecución
de tipo penal sobre aquellos funcionarios que se hicieran acreedores a la
misma.

En 1776 el Parlamento decide que el Justtitie-Kansler ya no será
nombrado por el Rey, sino que lo harán los Estamentos, y por un periodo
que comprendía hasta la siguiente reunión de la Cámara; en ocasiones
pasaban varios años para poderse reunir, lo que daba una posición fuerte
al ombudsperson. Era un auténtico fiscalizador del Parlamento sobre el Rey,
en cuyo nombre se administraba e impartía justicia. No dependiendo del
Rey y teniendo Parlamento al que acudir con regularidad para denunciar
las irregularidades que descubriera el ombudsperson se vio la necesidad
de buscar apoyo en la opinión pública a través de la publicidad de sus
investigaciones.

Gustavo III en 1772, dicta una nueva ley en virtud de la cual el Justtitie-
Kansler pasa nuevamente a depender del Rey, y del absolutismo real no se
libera Suecia hasta que en 1806 el Parlamento (Riksdag) vuelve a la plenitud
de sus poderes y se promulga la nueva constitución (6-VI-1809) en la que
se institucionalizó por primera vez la figura del Justtitie-Ombudsperson,
que lo transforma en un órgano nombrado por el Parlamento con una
doble finalidad que aún conserva: a) supervisar el funcionamiento de la
administración; y, b) defender los derechos públicos subjetivos y legítimos
intereses de los ciudadanos frente a la administración pública (Stancey,
1978: 3).

A partir de 1809 quedan perfectamente delimitadas y diferenciadas
las dos instituciones que en Suecia realizan una labor de control sobre
la administración pública. Por un lado, el Canciller o ministro de justicia
(Justtitie-Kansler), quien a partir de esta fecha vuelve a ser un funcionario al
servicio del Rey, quien lo designa, y que actualmente desempeña la función
de controlar la administración del Estado desde el punto de vista legal,
actuando principalmente como asesor legal del gobierno y representante
jurídico de la Corona, en cuyo nombre vigila y acusa a funcionarios por la

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