Page 88 - Garantía de autonomía y protección de los Drechos Humanos
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Adolfo López Badillo





           plenamente sus competencias y atribuciones en beneficio de las víctimas de
           violaciones a derechos humanos; su deber principal es resolver jurídicamente
           los asuntos propios de su competencia, evitando ser objeto de cualquier
           injerencia política, económica o social, y así fortalecer sus resoluciones.

                  Como sociedad, debemos rechazar cualquier tipo de interferencia
           en el ejercicio del Sistema de Protección No Jurisdiccional de los Derechos
           Humanos, y de manera especial, no debemos permitir reformas legales
           que permitan un retroceso en la protección de los derechos humanos, al
           contrario, debemos impulsar mecanismos de observancia y evaluación que
           permitan a estos organismos ejercer su mandato legal alejados de cualquier
           presión o injerencia  que pretendan  limitarlos en su importante  tarea  de
           defender y promover los derechos humanos en el territorio mexicano de
           manera autónoma e independiente.



                                        VI. Conclusión

           Hoy en día, el Estado mexicano se encuentra social y constitucionalmente
           obligado a fortalecer su sistema de derechos y libertades en favor de las
           personas; tiene el compromiso jurídico-político de garantizar a la sociedad
           y a la comunidad internacional,  el buen funcionamiento del sistema
           ombudsperson  observando  irrestrictamente  el procedimiento legal para
           elegir a sus titulares y así garantizar  el cumplimiento de los principios
           universales que rigen a esta institución.


                  Uno  de  los principios más importantes,  es el principio  de
           independencia, el cual hace referencia a la no vinculación con los poderes
           públicos, lo cual resulta relevante ya que el ombudsperson tiene la obligación
           legal de investigar y resolver presuntas violaciones a los derechos humanos
           cometidas por autoridades de los diversos niveles de gobierno de manera
           objetiva, observando  en todo momento los principios de legalidad y
           seguridad jurídica.

                  Como lo hemos señalado, la reforma constitucional en materia de
           derechos humanos de 2011, vino a fortalecer este principio de independencia




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