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Gabriel Tolentino Tapia
Durante su proceso de consolidación participaron organizaciones de personas con
discapacidad de todo el mundo, incluidas las de personas sordas. El Estado mexica-
no firmó la Convención en 2007 y entró en vigor en 2008. Por otro lado, también en
el contexto global, durante el Congreso internacional de personas sordas, celebrado
en Vancouver en 2010, la comunidad internacional votaba a favor del rechazo de
todas las enmiendas contenidas en el Congreso de Milán en 1880.
Desde lo local, el panorama estaba cambiando incluso décadas antes de
la entrada en vigor de la Convención. Brogna (2006) considera que a partir de los
ochenta se comenzaron a consolidar organizaciones de personas con discapacidad,
cuya presencia ponía de manifiesto las falencias del Estado. Más allá de las políticas
asistenciales y de rehabilitación, otras demandas comenzaron a adquirir notorie-
dad. En esta década organizaciones como la Asociación Mexicana de Sordos reali-
zaba los primeros ejercicios de sistematización de su lengua en un diccionario (Es-
cobedo, 2017) y desde la dimensión cultural, la fundación de la compañía de Teatro
Seña y Verbo en 1992, se ponía en marcha un proyecto que permitía la difusión de la
cultura sorda a través de la actuación.
En 2001 se presentó una propuesta de ley que al parecer se postuló desde
la comunidad con el apoyo de académicos. El objetivo de la ley sería: «defender los
derechos culturales y lingüísticos de todas las personas sordas». Entro otras cosas,
se buscaba que el Estado garantizara que las personas sordas accedieran a la LSM
desde la niñez y a una educación bilingüe. El proyecto no fructífero. Sin embargo,
se convertía en un antecedente sobre la búsqueda de un reconocimiento político y
jurídico en torno a la comunidad y las señas.
En 2003 se instauró la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación,
en la que se expresaba la presencia de intérpretes de LSM «en eventos públicos de to-
das las dependencias y en los tiempos oficiales de televisión». Posteriormente, como
resultado de un movimiento de personas sordas iniciado en 1997 (Fridman, 2009: 297)
el 10 de junio de 2005 la LSM fue reconocida como una lengua nacional que pasaba a
formar parte del patrimonio lingüístico mexicano. Así, el 10 de junio se instituyó como
el día nacional de la LSM. También en 2005 se efectuó la Ley general de las personas con
discapacidad y en el 2011 pasó a ser la Ley general para la inclusión de las personas con
discapacidad. Dicha ley refrendó el reconocimiento social y político de la cultura Sorda.
Más recientemente, en 2018 las comisiones de atención a grupos vulnerables y de estu-
dios legislativos decretaron el 28 de noviembre como el Día nacional del sordo.
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