Page 475 - Más allá de la razón oyente digital digital

¿Quién es el sujeto Sordo? Capitales comunicativos y liderazgo

convierten en los principales consumidores de estas tecnologías (Mauldin, 2016;
Hyde y Punch, 2011) sin considerar el punto de vista de los niños (Tucker, 1998;
Christiansen y Leigh, 2002; Blume, 2010; Valente, 2011) quienes posiblemente en
esa condición cuenten con pocas herramientas para saber lo que sucede, las conse-
cuencias e incluso poner en duda el procedimiento clínico (Lane, 1993; Christiansen
y Leigh 2002).

Desde el punto de vista infantil, sin embargo, los discursos «culturalistas» a
favor de las señas también se revisten de adultocentrismo. En su carácter de padres,
madres, médicos o promotores de las señas, los adultos operan bajo la idea de que
saben lo que es mejor para los menores de edad. Sin embargo, en esta disputa ubi-
cada en el plano del mundo adulto, las «partes» no cuentan con los mismos capitales
de representación pública y política. En efecto, la autoridad médica tiende a impo-
nerse en la escena pública, donde los partidarios de las señas, incluida la misma
comunidad sorda, ocupan una posición de desventaja al no contar con los mismos
canales y estructuras de representación política (Blume, 2010; Christiansen y Leigh
2002; Valente, 2011).

Regresando al análisis del programa de En Traducción, para el comentarista
que confrontó la experiencia de Hilda, la implantación coclear constituye un acto de
maltrato infantil y psicológico. Por el contrario, para Hilda, que implantó a su hija,
significa «abrirle oportunidades». Según su postura, los sordos viven en una socie-
dad no sólo mayoritariamente oyente, sino que es para ellos, nosotros los oyentes,
quienes están destinadas las oportunidades. 220 En el fondo, estas yuxtaposiciones
reflejan la clásica discusión sociológica de sujeto-estructura y, en particular, uno de
los debates centrales en la sociología de la discapacidad; a saber, si es el sujeto con
discapacidad el que debe adaptarse a la sociedad o, por el contrario, si es esta la que
debiera de establecer las medidas sociopolíticas de inclusión (Barton, 2009; Stone y
Priestley, 1996; Hahn, 1986).

Parece más viable invertir recursos familiares y públicos para resolver un
«problema individual de audición», que promover la lengua de señas y la inscripción
de los sordos en las distintas actividades sociales. De este modo, el Estado también
se involucra destinando recursos médicos y humanos para la implantación coclear,
la distribución de aparatos auditivos y la dotación de terapias de rehabilitación au-

220 Una posición similar es avalada por personajes como Tucker (1998) quien posee implante coclear y se adiestró en la
oralización, además de mostrarse abierta y decididamente en contra de las señas.

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