Page 36 - Garantía de autonomía y protección de los Drechos Humanos
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Dania Paola Ravel Cuevas
democrática que inició hace casi cuatro décadas, gracias a la participación,
impulso y exigencia de varias generaciones de personas comprometidas con
su entorno democrático. Así, desde los años noventa del siglo pasado, en
México se aceleraron las reformas político-electorales a partir de las cuales
se cimentó nuestro entramado normativo actual, y al mismo tiempo, se
incorporaron órganos autónomos de rango constitucional (Ruíz, 2017). En
el caso del Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se les concibió desde un inicio
como órganos que no estaban supeditados a ninguna fuerza política; en
particular del gobierno en turno, específicamente de la persona titular del
Poder Ejecutivo, quien estaría impedida para interferir en sus decisiones. El
fortalecimiento de los órganos autónomos en México ha sido gradual y, en
el caso particular de los órganos autónomos en materia electoral, producto
de una respuesta frontal para solucionar las demandas de la ciudadanía y
responder a la desconfianza existente, en ese entonces, en el desarrollo y
concreción de procesos electorales (Ortega & Somuano, 2015).
Es oportuno recordar que la organización de los procesos electorales
en México –previo a 1990– se realizaba mediante las instrucciones o el
mandato directo del secretario de Gobernación, así como del presidente
en turno, por lo que las elecciones que se celebraban tenían cierta
discrecionalidad controlada desde el Poder Ejecutivo. Así, como parte
de una etapa de transición democrática, se gestaron instituciones y
organismos autónomos, se privilegió el diálogo, el intercambio de
ideas, así como la conformación de acuerdos o consensos, no sólo entre
distintas fuerzas políticas, sino entre actores que se comprometieron con
las demandas ciudadanas con el propósito de integrar los poderes de la
Unión (Peschard, 2013).
En ese contexto, nació el Instituto Federal Electoral (IFE), lo cual marcó
el inicio de una nueva etapa institucional en el país, donde los procesos
electorales se ciudadanizaron. Se estableció un blindaje democrático para que
ningún gobierno tuviera posibilidad de intervenir en ellos. La incorporación
de este componente ciudadano es quizá uno de los eslabones de confianza
más sobresalientes que forman parte de la estructura o funcionamiento de
la máxima autoridad administrativa electoral, toda vez que a partir de un
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