Page 36 - Garantía de autonomía y protección de los Drechos Humanos
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Dania Paola Ravel Cuevas





           democrática que inició hace casi cuatro décadas, gracias a la participación,
           impulso y exigencia de varias generaciones de personas comprometidas con
           su entorno democrático. Así, desde los años noventa del siglo pasado, en
           México se aceleraron las reformas político-electorales a partir de las cuales
           se cimentó  nuestro  entramado  normativo  actual,  y  al  mismo  tiempo,  se
           incorporaron órganos autónomos de rango constitucional (Ruíz, 2017). En
           el caso del Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión
           Nacional  de  Derechos  Humanos  (CNDH)  se  les  concibió  desde  un  inicio
           como órganos que no estaban supeditados a ninguna fuerza política; en
           particular del gobierno en turno, específicamente de la persona titular del
           Poder Ejecutivo, quien estaría impedida para interferir en sus decisiones. El
           fortalecimiento de los órganos autónomos en México ha sido gradual y, en
           el caso particular de los órganos autónomos en materia electoral, producto
           de una respuesta frontal para solucionar las demandas de la ciudadanía y
           responder a la desconfianza existente, en ese entonces, en el desarrollo y
           concreción de procesos electorales (Ortega & Somuano, 2015).

                  Es oportuno recordar que la organización de los procesos electorales
           en México –previo a 1990– se realizaba mediante las instrucciones o el
           mandato directo del secretario de Gobernación, así como del presidente
           en  turno,  por lo  que  las  elecciones que se  celebraban tenían  cierta
           discrecionalidad controlada desde el Poder Ejecutivo. Así, como parte
           de una etapa de transición democrática, se gestaron instituciones y
           organismos autónomos, se privilegió el diálogo, el intercambio de
           ideas, así como la conformación de acuerdos o consensos, no sólo entre
           distintas fuerzas políticas, sino entre actores que se comprometieron con
           las demandas ciudadanas con el propósito de integrar los poderes de la
           Unión (Peschard, 2013).

                  En ese contexto, nació el Instituto Federal Electoral (IFE), lo cual marcó
           el inicio de una nueva etapa institucional en el país, donde los procesos
           electorales se ciudadanizaron. Se estableció un blindaje democrático para que
           ningún gobierno tuviera posibilidad de intervenir en ellos. La incorporación
           de este componente ciudadano es quizá uno de los eslabones de confianza
           más sobresalientes que forman parte de la estructura o funcionamiento de
           la máxima autoridad administrativa electoral, toda vez que a partir de un




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