Page 58 - Garantía de autonomía y protección de los Drechos Humanos

Jaime Cárdenas Gracia

como al resto de los poderes públicos, a cumplir en sus actuaciones con los
principios de constitucionalidad, convencionalidad, legalidad, transparencia,
rendición de cuentas y, responsabilidad de sus titulares. No debe jamás
estimarse que por ser autónomos son autárquicos, inmunes a cualquier tipo
de responsabilidad social o constitucional.

II. Los órganos constitucionales en el México de hoy

Existe en algunos sectores de la población preocupación por las decisiones
del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador respecto a
los órganos constitucionales autónomos. Se piensa que hay intención
de abrogarlos a todos. Desde mi punto de vista, el gobierno actual no
pretende abrogar a todos esos organismos. Lo que López Obrador pretende
sobre los órganos constitucionales autónomos es situarlos dentro de una
lógica republicana para que no se constituyan como burocracias doradas
controladas por sus titulares -una suerte de mandarinatos- sin tener
contacto efectivo con la sociedad, a la que no suelen rendirle cuentas de
sus importantes tareas.

Cuando los órganos constitucionales autónomos se crearon en
México, se indicaron fundamentalmente tres hipótesis para constituirlos:
1) Limitar el sistema presidencial, arrancando al titular del Ejecutivo
atribuciones que anteriormente tenía; 2) Enfrentar a la partidocracia y a otros
poderes fácticos mediante instituciones independientes que fueren capaces
de controlar a esos poderes; y 3) Los órganos constitucionales autónomos
tenían que ver con el proceso de transición a la democracia, pues los poderes
formales establecidos contaban con vicios autoritarios, y la transformación
democrática requería de órganos nuevos, no contaminados, que alentaran
y acompañaran los procesos de cambio (Cárdenas, 2014: 159-191).

Más tarde hemos comprendido que algunos de los órganos
constitucionales autónomos deben su origen a recomendaciones y/o
imposiciones de organismos financieros internacionales, como ha sido los
casos del Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la
Comisión Federal de Competencia Económica, y el desaparecido Instituto

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