Page 59 - Garantía de autonomía y protección de los Drechos Humanos

El futuro de los órganos constitucionales autónomos en México

Nacional para la Evaluación Educativo. A las instituciones financieras
internacionales y a las empresas trasnacionales, les interesa que existan
órganos reguladores que no obedezcan a las coyunturas políticas, garanticen
y den seguridad a las inversiones económicas principalmente extranjeras,
y posibiliten el mantenimiento equilibrado en el ámbito doméstico de
las variables macroeconómicas. Es decir, los órganos constitucionales
autónomos -al menos algunos de ellos- derivan de lógicas neoliberales
y sirven para evitar que gobiernos con gran legitimidad democrática o
“irresponsables” amenacen la estructura del capitalismo mundial que se
aplica a todas las naciones del mundo.

Además de las razones anteriores, otras causas de la proliferación de
los órganos constitucionales autónomos tienen que ver con decisiones de
política interna. Ejemplo de ello, fue el Pacto por México, que significó entre
otras cosas, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el aumento de 4 a
10 de los órganos constitucionales autónomos en nuestro país para abrir
espacios de poder al PRD, que no los tenía en ese tipo de organismos.

El Pacto por México representó, más allá de la desmesura en la
creación de los órganos constitucionales autónomos, un hito dentro de la
construcción del neoliberalismo jurídico que ha prevalecido en nuestro país
desde los años 80’s del siglo pasado y, que se caracteriza, entre otras, por
las siguientes notas:

» Desmantelamiento del Estado. El Estado Mexicano fue amputado
por la reforma y reducido a mínimos para favorecer al mercado
internacional.
» Privatización del derecho público. Esta privatización se
manifestó en el incremento de regulaciones de derecho privado
en las reformas estructurales que antes correspondían al derecho
público: constitucional y administrativo.
» Limitación estricta del Estado del Bienestar. Esta característica se
expresó en la reducción del contenido de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales y, en los mecanismos de
exigibilidad y justiciabilidad para su protección.

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