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Relaciones con el Estado, espacio público y
sentidos sobre ser sordos en cuatro grupos
ser gestionada y para realizarlo es ubicada en una suerte de estante social. En el pro-
ceso de creación de un conjunto de disposiciones institucionales, el Estado participa
vigorosamente en la producción y reproducción de un sujeto sordo particular: «con
discapacidad». En consecuencia, Alondra, una de las representantes de MEBISOR,
ha optado por no tomar una postura arriesgada saliéndose del «guion» preparado
por las instituciones públicas.
Integrantes de IncluSor, Alondra y yo coincidimos en la consulta para la
formulación del plan nacional de desarrollo 2018-2022. También me encontré con
Alondra en el Primer parlamento de las personas con discapacidad. En ambos even-
tos tuvo oportunidad de exponer el proyecto de MEBISOR. Alondra reconoce que
la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad es
importante para su movimiento, aunque insuficiente. Es vital porque en ese docu-
mento se habla del derecho a la educación y a la lengua de señas, sin embargo, en
el contexto local se precisa de apoyarse en otros marcos normativos y también de
otras experiencias sociales.
En este sentido, dentro de los espacios de interlocución con el gobierno, en
eventos organizados por y para la comunidad sorda, en entrevistas y en eventos a
través de internet, diversos integrantes han dejado ver su interés por acercarse al
marco jurídico que se relaciona con los derechos de los pueblos indígenas, especí-
ficamente con respecto al tema de los derechos lingüísticos. En varios foros como
la consulta para la formulación del plan nacional de desarrollo 2018-2022 o en el
Congreso de la unión a donde acudimos en octubre de 2019 por convocatoria de
MEBISOR, se hizo alusión a la Constitución política para evocar el artículo 2° refe-
rente a los pueblos indígenas. Varios representantes de la comunidad toman como
referencia este apartado porque incluye el reconocimiento de las lenguas indígenas
y la educación bilingüe.
«No se nombra en el artículo 2.° a la comunidad sorda, pero somos equipa-
rables a las comunidades indígenas porque somos una minoría lingüística», expresó
una de las participantes en la consulta para la formulación del plan nacional de de-
sarrollo 2018-2022. En el primer parlamento de las personas con discapacidad de
la Ciudad de México se recordó que la Constitución de la capital del país reconoce la
educación bilingüe tanto para sordos como para personas indígenas, aunque tam-
bién se dijo que en la práctica y a nivel nacional la realidad es distinta. Existe, pues,
un sentimiento de afinidad con los pueblos indígenas por la dimensión lingüística.
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